Glovo ha anunciado que comenzará a contratar a sus repartidores en España, quienes hasta ahora trabajaban como autónomos. La empresa asegura que esta decisión refleja su compromiso con el país y su intención de fortalecer la economía digital.
El nuevo modelo abarcará todas las ciudades donde la plataforma opera, más de 900 actualmente, y afectará a todas las categorías de servicios, lo que podría suponer la contratación de unos 15.000 repartidores. Glovo ha subrayado que el cambio no afectará la experiencia de los usuarios ni la de los negocios asociados, manteniendo estándares como los tiempos de entrega y la disponibilidad de repartidores.
Además, la empresa ha anunciado la creación de una mesa de diálogo con agentes sociales para garantizar que el proceso de transición sea consensuado. Este espacio estará abierto a otras plataformas del sector que deseen adoptar modelos similares.
Este giro se produce en un contexto legal complicado para Glovo. Su fundador y CEO, Óscar Pierre, está citado a declarar ante el juez, acusado de mantener un modelo de "falsos autónomos" pese a la Ley Rider y una sentencia del Tribunal Supremo de 2020. La fiscalía ha solicitado su imputación, lo que podría acarrear penas de hasta seis años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Tras la entrada en vigor de la Ley Rider en 2022, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió que todas las empresas deberían cumplir con la normativa. Glovo ya ha recibido sanciones que superan los 200 millones de euros por incumplimientos previos, y la última reforma del Código Penal contempla penas para este tipo de infracciones.